Dentro de su enfoque de reducción del Estado:

Auditorías y reempadronamientos
Revisión de pensiones por discapacidad para detectar irregularidades o beneficiarios que no cumplan requisitos.
Control del gasto en prestaciones
Ajustes en pagos a prestadores (transporte, terapias, centros) y revisión de convenios.
Cambios administrativos
Intentos de reorganizar organismos y simplificar el sistema.

¿Por qué hay reclamos y protestas?

Sectores vinculados a la discapacidad (familias, prestadores, organizaciones) denuncian que:

Puede haber demoras o bajas en pensiones
Hay retrasos en pagos a quienes brindan servicios
Temen una reducción de cobertura o derechos

Funcionarios como Delcy Rodríguez no tienen relación con este tema en Argentina; los reclamos acá son internos, de organizaciones locales.

 ¿Qué dice el gobierno?

El oficialismo sostiene que:

Busca ordenar un sistema con irregularidades
Quiere que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan
No pretende eliminar derechos, sino hacer el sistema más eficiente

En simple

No es una política “contra” la discapacidad, pero
sí es una política de ajuste y control,
y ahí aparece el conflicto: eficiencia vs. impacto social.