OTRA VEZ REFORMA DE LEY DE DISCAPACIDAD

Hay una pelea política, económica y de modelo de Estado detrás de la ley de discapacidad. La Ley de Emergencia en Discapacidad (2025) fue aprobada por el Congreso. El presidente Javier Milei la vetó, pero el Congreso rechazó ese veto y la volvió a imponer. Aun así, el Gobierno demoró o limitó su aplicación, incluso hasta que la Justicia lo obligó a reglamentarla. O sea: la ley existe, pero no se implementó plenamente por conflictos políticos y por el costo fiscal.  Ahora el Ejecutivo mandó un nuevo proyecto para modificar todo el sistema. Los puntos clave: Reempadronamiento obligatorio. Todos los beneficiarios deberán volver a demostrar su discapacidad y situación económica. Si no lo hacen → pierden la pensión automáticamente.  Más controles y auditorías. Cruces de datos con organismos como ANSES. Revisión masiva por sospechas de irregularidades. Endurecimiento del acceso. Se vuelve a un criterio más estricto: solo quien no puede trabajar accedería al beneficio. Puede haber incompatibilidad con empleo formal. Cambios en prestaciones. Posible eliminación de reglas que garantizan pagos iguales a prestadores. Sistema más “libre” y menos regulado. El objetivo del Gobierno (según su propia lógica) es: Reducir el gasto y “ordenar” el sistema. Detectar fraudes o pensiones mal otorgadas. Achicar el universo de beneficiarios. Bajar el costo fiscal del sistema. Cambiar el modelo. Pasar de un esquema más amplio (derechos sociales). A uno más restrictivo (solo invalidez laboral estricta).  Porque hay dos miradas totalmente opuestas: Postura del Gobierno. “Hay abusos y hay que auditar”. “No hay plata para sostener el sistema actual”. Críticas (opositores, familias, prestadores). Puede dejar gente sin cobertura. Riesgo de bajas masivas de pensiones. Complica acceso a terapias, transporte y educación. Se reforma una ley que ni siquiera se aplicó bien todavía. En resumen, No es solo una modificación técnica. Es un cambio de rumbo: Antes: ampliar derechos (ley de emergencia). Ahora: revisar, recortar y redefinir quién cobra.